The Chicago Reporter

Un abogado contratado por una compañía que administra las propiedades de la Autoridad de Vivienda de Chicago (CHA) se acercó a ella. Ella lo siguió hasta la sala 1302 y fue conducida a una pequeña área de conferencias escondida en el rincón. Un flujo constante de casos de desalojo era llamado a la banca mientras ellos caminaban.

 

La CHA quería hacer un trato; si ella acordaba mudarse, la agencia le permitiría a ella y a sus seis hijos quedarse por siete días.

 

Moore se resistió.

 

“Lo llevaré a juicio,” ella le dijo.

 

Moore, 39, es sólo una de los cientos de residentes de bajos recursos que la CHA ha llevado a los tribunales de desalojo por violar la política “one-strike” (una oportunidad) de la agencia en los últimos seis años. La regla es parte de un grupo de normas nacionales creado en 1996 para hacer los complejos de viviendas públicas más seguros librándolos de las personas que cometen crímenes.

 

Pero había un problema. Moore no era una criminal.

 

Cuando la política nacional fue redactada, el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos le otorgó el poder a las autoridades de vivienda locales para que crearan sus propios reglamentos de “one-strike” para encontrar la mejor manera de acabar con la actividad criminal siempre y cuando fueran relevantes a la paz y la seguridad de sus residentes.

 

Conforme a la norma de la CHA, todos los arrestos están sujetos a “one-strike.” Como resultado, inquilinos han perdido sus hogares por ofensas no violentas, incluyendo hurto y posesión de marihuana.

 

La CHA también había decidido desalojar a los arrendatarios bajo la norma “one-strike” por crímenes cometidos por sus hijos o cualquier persona viviendo en la unidad, inclusive si el crimen ocurrió en propiedades que no son parte de la CHA. Los inquilinos también son culpables si sus invitados cometen un crimen en propiedades de la CHA.

 

Un nuevo análisis del Chicago Reporter descubrió que de 2005 a 2010, la CHA abrió 1,390 casos de “one-strike.” La gran mayoría—86 por ciento en 2010—no tenían nada que ver con el arrendatario principal.

 

Cuando las personas eran arrestadas, la persona nombrada en el contrato era automáticamente citada a los tribunales de desalojo, un asunto civil, aunque los casos de los tribunales criminales todavía estaban pendientes en muchos casos.

 

Si la CHA hubiera considerado cómo estos casos iban a desempeñarse en los tribunales criminales, hubiera descubierto que más de la mitad de los acusados fueron declarados no culpables, sus casos fueron descartados o nunca fueron procesados, el análisis del Reporter descubrió. En su lugar, uno de cada tres inquilinos cuyos casos criminales fueron descartados o terminaron con un veredicto de “no culpable,” fue desalojado con toda su familia o trasladado sin pelea, muestra el análisis.

 

El abogado de la CHA Scott Ammarell dijo que su agencia toma un enfoque general para iniciar la política de desalojo de “one-strike,” independientemente de la gravedad de los cargos.

“Si obtenemos un reporte de arresto y el cargo en el reporte de arresto es una ofensa que terminará con la elegibilidad de alguien para continuar recibiendo un subsidio del gobierno federal, lo procesamos,” él dijo.

 

Es una política que el recién elegido Alcalde Rahm Emanuel favorece. La oficina del alcalde rechazó una entrevista pero envió un comunicado que decía, “La Autoridad de Vivienda de Chicago tiene una obligación de brindar a las 30,000 personas que actualmente residen en los complejos de vivienda pública, viviendas a precios accesibles y seguras. La seguridad de los residentes de la CHA, sus hijos y familias al igual que la de sus vecinos es una prioridad.”

 

Algunos críticos dicen que los desalojos no sólo son demasiado crueles, pero también premeditados. A principios de este año, la CHA demolió el último de sus 51 edificios de vivienda pública. Fue parte del Plan para la Transformación de la agencia. Los residentes elegibles recibirán nuevas unidades en vecindarios de ingresos mixtos o subsidios para trasladarse al mercado de las rentas privadas. Al excluir a muchos de las viviendas públicas, algunos especulan que la CHA puede evitar tener que mudarlos en unidades de reemplazo, las cuales son escazas.

 

Los análisis del Reporter descubrieron que el número de casos de “one-strike” en la ciudad aumentó considerablemente en los complejos habitacionales de la CHA donde la demolición era eminente. Cabrini-Green, Harold Ickes, Henry Horner y los complejos habitacionales ABLA contaron por más de una tercera parte de todos los casos “one-strike” en los últimos seis años. Combinados, esos cuatro complejos contaron por más de la mitad de todas las unidades de vivienda pública que fueron demolidas durante ese periodo.

 

Un gran número de desalojos de “one-strike” han ocurrido en las nuevas comunidades de ingresos mixtos, las cuales reemplazaron a las viviendas públicas tradicionales en barrios gentrificados de los lados Cercano Norte, Cercano Sur y Cercano Oeste. Es en esas mismas comunidades de ingresos mixtos que la habilidad de los residentes para pelear los desalojos de “one-strike” ha sido la más debilitada.

 

Los casos de “one-strike” son el único tipo de desalojo de viviendas públicas donde los inquilinos no tienen la oportunidad de presentar una queja o pedir una audiencia interna. Su única posibilidad de ganar el caso es en los tribunales civiles.

 

Pero la mayoría de inquilinos de la CHA no puede costear los gastos de un abogado. Y tienen pocas probabilidades de ganar el caso--incluso con defensa legal. Mientras tanto, en la primavera, la CHA intentó revocar su cláusula “inquilino inocente,” el medio principal de los residentes para defenderse de los desalojos en los tribunales.

 

La cláusula le da al jefe del hogar—la persona que no fue arrestada, incluso si alguien en su casa sí fue—la oportunidad de defender su inocencia y proteger la unidad de vivienda para el resto de los familiares que no estuvieron involucrados en el crimen.

 

La propuesta de la CHA de revocar la cláusula fue aplastada a finales de junio después del escándalo público. Pero la defensa se está convirtiendo en el punto discutible en la mayoría de los más recientes casos de “one-strike” porque a los promotores inmobiliarios contratados para crear comunidades de ingresos mixtos no se les requiere que consideren la culpabilidad cuando buscan el desalojo. Eso es porque la inocente defensa del inquilino no está escrita en el contrato arrendatario el cual los inquilinos en los complejos habitacionales privados están obligados a obedecer. Mientras tanto, el número de casos de “one-strike” continúa aumentando en estas viviendas.

 

“Conocemos el juego,” dijo Shannon Bennett representante de la Organización Comunitaria Kenwood Oakland, la cual ha sido una crítica abierta de la política por más de una década. “Estas políticas tienen por objetivo sacar a la gente.”

 

No hay otra comunidad que haya experimentado más casos de “one-strike” que Cabrini-Green.

 

La CHA contaba con 74 complejos de vivienda pública a lo largo de la ciudad. Sin embargo, uno de cada cinco de los arrestos de “one-strike” involucraban a residentes de Cabrini.

 

Hace una década, casi 13,000 personas vivían en la comunidad de viviendas públicas del Cercano Lado Norte, la cual estaba ubicada entre 1230 N Burling St. y otras siete torres de concreto en deterioro.

 

Hoy, esos edificios ya no existen; algunos han sido reemplazados por viviendas de ingresos mixtos, departamentos y condominios. Muchos de los nuevos residentes del área son blancos y con educación universitaria, y sólo 444 de las unidades de allí son para la vivienda pública.

 

Moore se mudó allí cuando tenía 23 años.

 

Sus cheques nunca alcanzaban para cubrir la renta en el mercado privado. Así que por más de una década, ella y sus hijos se amontonaron en un departamento de dos recámaras de Cabrini-Green en el 624 al Oeste de la Calle Division.

 

Cuando hubo uno de cuatro recámaras disponible en el 1230 N Burling St. en 2005, ella y sus hijos—cuyas edades en ese entonces comprendían entre 1 y 13 años—se apresuraron a la oportunidad de expandirse. Ella acababa de renunciar a su trabajo como cajera en una Walgreens y se inscribió en clases de medio tiempo en el Robert Morris College trabajando para obtener un título en empresas.

 

Cruzó caminos con su novio Ricky Dyer al poco tiempo de haberse mudado. Dyer tenía una historia con Cabrini. Él nació en 1983 y creció en el complejo. Como adolescente, se ganó la reputación de traficante de drogas y fue apodado “Rickdog.” Para cuando ya tenía 20 años ya había sido acusado de vender drogas. Se declaró culpable de dos cargos por delitos graves y fue sentenciado a un año de prisión.

 

Una vez que salió, Dyer se fue a vivir con su mamá y se mantuvo alejado de problemas mayores, pero tuvo unos cuantos encuentros con la policía. Fue arrestado por allanamiento y por tomar en la vía pública, pero ambos casos fueron descartados.

 

En ese tiempo, él y Moore comenzaron a salir.

 

Para 2009, su barrio había cambiado dramáticamente. El edificio de Moore fue uno de los dos últimos de Cabrini-Green que quedaron. Su edificio estaba hacia la izquierda lejos de la reja oxidada que servía como la entrada oficial, pero la menos usada de los edificios de 15 pisos conocidos como “los blancos” por su pálido exterior de concreto.

 

Los otros 21 edificios de alta y mediana altura habían sido tumbados por la bola de demolición y reemplazados con viviendas de ladrillo rojo con frondosos arbustos, concreto perfecto y pintorescos nombres como, North Town Village. La policía fue traída para que pusiera especial atención a Burling Street, la cual fue una de las últimas esquinas del vecindario ocupada exclusivamente por residentes de las viviendas públicas.

 

Bajo un acuerdo con la CHA, la agencia y el Departamento de Policía de Chicago libremente intercambiaron información de arrestos. Las dos agencias firmaron el pacto en 2000. Si alguien con domicilio de una vivienda pública era arrestado, o si un arresto era hecho en propiedad de la CHA, la policía automáticamente pasaba el reporte policiaco a la CHA.

 

Los residentes de Burling comenzaron a sospechar cuando la policía comenzó a presentarse por docenas. Moore sabía que todo lo que se necesitaba era un solo arresto para iniciar un desalojo por actividad criminal. No era necesaria la condena. No se lanzó una investigación interna. Y Moore sabía de experiencia que la policía que patrullaba su edificio raramente se compadecía de esposar a sus vecinos.

 

“La policía entraba al edificio todos los días tocando la puerta del departamento de alguien o deteniendo a hombres en la planta baja,” dijo Moore.

 

Los arrestos subieron al acercarse la demolición del edificio. Burling comenzó a vaciarse rápido. En el otoño de 2010, sólo 39 de las 134 unidades del edificio estaban ocupadas. Durante los últimos 120 meses en que el edificio del 1230 N. Burling St. estuvo ocupado, 19 familias fueron afectadas por los desalojos de “one-strike.” La principal causa de arrestos fue delito menor por posesión de marihuana.

 

Moore tenía una relación de amor y odio con la policía. Por una parte, les temía porque sabía que su hijo mayor, Devonte, se estaba convirtiendo en un buscapleitos. A los 16 años, ya había entrado y salido de rehabilitación después de haber sido arrestados por drogas.

 

Mientras que muchos de los vecinos de Moore hicieron su mejor esfuerzo por evitar a la policía, ella los vio como su última esperanza para frenar a Devonte. Él era de cabeza dura.

 

“No le podía decir nada,” ella dijo. Ella acudió a un par de policías confiables conocidos en Cabrini como “Eddie Murphy” y “Babyface” para pedirles su ayuda. “Les dije, ‘Deténganlo si está vendiendo drogas. No quiero que me saquen.’”

 

Nada preparó a Moore para la mañana del 25 de septiembre de 2009, cuando un equipo de 19 oficiales tumbó su puerta justo después de las 8 a.m. mientras sus hijos se ponían sus zapatos y mochilas a punto de irse a la escuela.

 

Durante dos horas, los oficiales inspeccionaron el departamento de dos recámaras de Moore, encontrando marihuana con un valor de $48 escondida en la recámara de Devonte. Durante una revisión, una bolsita de marihuana, con valor de $12 dólares, fue recuperada del bolsillo derecho de los shorts de Dyer. Él recibió un cargo menor por posesión de marihuana.

 

A días de la redada, Moore recibió su notificación de que su contrato sería cancelado.

 

El Reporter descubrió que un creciente número de familias han enfrentado el desalojo similarmente basado en cargos menores de bajo nivel. Más del 70 por ciento de casos de “one-strike” estaban relacionados a la posesión de drogas; menos del 10 por ciento fueron atribuidos al tráfico de drogas por el cual “un strike fue creado” para solucionar.

 

Un creciente número de estos casos están basados en crímenes de bajo nivel. En 2005, 40 por ciento de todos los arrestos de “one-strike” tenían que ver con un cargo menor. Para 2010, esa cifra había aumentado a 76 por ciento, el Reporter encontró. Un número desproporcionado de esos arrestos estaban relacionados con adolescentes afroamericanos y hombres viviendo en los dos rápidamente gentrificados distritos de Chicago, el 2 y el 27, los cuales han cambiado de ser primordialmente afroamericanos a ser racialmente mixtos en el transcurso de la década pasada.

 

El Concejal Walter Burnett, cuyo Distrito 27 incluye Cabrini donde él creció, atribuyó el alza de los arrestos en el área a la constante presión que los funcionarios municipales, la CHA y la policía enfrentan de los nuevos dueños de casa.

 

“Sólo mira al 1230 Burling,” dijo Burnett. “Esos [vecinos] se quejaban del edificio todos los días. Todos los días. ¿Por  qué? Porque querían que ese edificio se viniera abajo. ¿Por qué querían que ese edificio se viniera abajo? Uno, porque pesaban que estaba afectando el valor de sus propiedades.”

 

Moore luchó por su departamento por seis meses. Cuando la fecha del juicio finalmente llegó, la policía testificó acerca de la posesión de marihuana de Dyer. Ella perdió, y un juez le dio a ella y a sus hijos siete días para mudarse.

 

“Y dije, ‘¿A dónde voy a ir con seis niños?’” ella preguntó.

 

Como gesto de compasión, Moore dijo, la CHA extendió su fecha de desalojo a 60 días.

 

La policía del Alguacil del Condado de Cook sacó hasta el último mueble roto de su departamento el 30 de junio de 2010. Nueve meses después, el edificio Burling fue demolido.

 

Lo que le sucedió a Moore, dijo Burnett, va en contra de lo que a la CHA se le ha encomendado hacer con los millones de dólares anti pobreza que se le han dado cada año: estabilizar familias.

 

“La CHA debería estar pensando en cómo mantener a esas personas en esos departamentos. Deberían estar abogando por ayudar a la gente a mantener sus hogares, no encontrando maneras para sacarlos,” dijo Burnett, quien fue procesado por robo a mano armada, un delito grave, a los 17 años cuando usaba un vehículo sin consentimiento con sus amigos en Kankakee. “Todos merecen una segunda oportunidad.”

 

En junio, el Secretario de HUD Shaun Donovan publicó una carta recordándoles a las autoridades de vivienda que sólo hay dos tipos de personas a las que se les prohíbe vivir en viviendas públicas: productores de metanfetamina y delincuentes sexuales registrados. “[E]videncia de rehabilitación o evidencia de la participación de [una] familia o la voluntad de participar en servicios sociales como programas de consejería deben ser consideradas,” escribió Donovan.

 

Los oficiales de la CHA, sin embargo, apuntan hacia una decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos de 2002 que confirmó el derecho de una autoridad de vivienda de California de desalojar a una mujer de Oakland aunque no fue responsable del delito que la desalojó bajo “one-strike.”

 

Aún, incluso dentro de la CHA, la importancia del historial de arresto es inconsistente. Los arrestos por sí solos, por ejemplo, no impiden que los solicitantes se añadan a la lista de espera de la agencia, la cual actualmente tiene aproximadamente 40,000 nombres.

 

En última instancia, la HUD cede a las autoridades de vivienda el poder de redactar políticas que protegen la seguridad y bienestar de sus residentes. Pero bajo la administración Obama, la agencia no es rápida para aprobarlas.

 

“Las autoridades de vivienda tienden a señalar con el dedo a HUD, diciendo que [‘one-strike’] es una política federal,” la portavoz de HUD Donna White dijo. “Lo dejamos en ellos usar su criterio.”

 

Mientras Linda Couch, vicepresidenta de la política de la Coalición Nacional de Viviendas Accesibles lo ve, “Tanto HUD y las agencias locales juegan de ambos lados cuando sirve a sus propósitos.”

 

La Fundación de Asistencia Legal basada en Chicago negoció la defensa de un inquilino inocente en los 1990s para ayudar a suavizar la política de Chicago de “one-strike.” Porque los despachos privados son propietarios de las nuevas comunidades de ingresos mixtos, no están vinculados a la defensa. Pero el número de casos de “one-strike” se está convirtiendo más prevalente en esas áreas. Por ejemplo, la comunidad de Westhaven Park, la cual reemplazó el complejo Henry Horner en el Cercano Lado Oeste, 41 por ciento de todos los casos de “one-strike” en los últimos seis años ocurrieron tan sólo en 2010.

 

Por lo que se refiere a la abogada Elizabeth Rosenthal, la defensa del inquilino inocente es el único medio que los residentes de viviendas públicas tienen para defenderse. “De otra manera, la CHA opera sin criterio en estos casos,” ella dijo.

 

Es particularmente importante porque en el 84 por ciento de los arrestos de desalojo, el arrendatario principal no fue el responsable de la actividad criminal, el análisis del Reporter encontró.

 

La expectativa de la CHA es que los inquilinos que exitosamente evoquen la defensa terminarán por excluir a la persona que describen como el “mal actor.” Típicamente al resto de la familia se le permite permanecer bajo la condición de que la persona excluida nunca ponga pie en propiedad de la CHA. Una falla, y el trato se deshace sin la opción de apelar, aunque la persona excluida sea hijo del inquilino.

 

Moore encontró un departamento en West Englewood. Su familia se amontonó en el departamento de dos recámaras por seis meses hasta que el edificio fue embargado.

 

La gente le sugería que se mudara a un albergue de vivienda transicional hasta que pudiera sostenerse por sí misma. Pero temía que Devonte, que ahora tiene 18 años, fuera puesto en un albergue de adultos y que su hija de 17 años fuera la siguiente.

 

“No voy a dejar a mis hijos,” ella dijo. “Mis hijos son mi vida.”

 

Moore topó sus préstamos estudiantiles—sacando $8,000 el otoño pasado—para cubrir la renta en su actual departamento de dos recámaras en Avalon Park en el Lado Sur. Tres niños duermen en una habitación llena de bolsas de basura llenas de ropa que se ensució debido a una gotera en el primer departamento. Hay moho en la cocina y un hoyo en el techo del baño de donde sale agua de vez en cuando. No hay lavadora, así que a veces ella lava la ropa de la familia a mano.

 

 La renta de Moore ahora asciende a $750 al mes—muy por encima de los $72 por mes que pagaba en Cabrini-Green. “Además tengo que pagar la factura del gas,” ella dijo. “Además de la factura eléctrica.”

 

Después de seis años, Moore y Dyer aún están juntos. Encontrar un trabajo permanente ha sido difícil. Él es hábil y ha podido conseguir unos cuantos trabajos de limpieza.

 

Moore también ha recurrido al estado para obtener asistencia social a través del fondo Temporal de Asistencia para Familias Necesitadas, lo cual no había hecho en casi dos décadas. Eso le trae otros $555 por mes.

 

“Sentía que no lo quería o necesitaba antes. Estaba trabajando,” ella dijo. “Pero ahora es muy difícil encontrar un trabajo. Y realmente no quiero abandonar la escuela. Estoy en la puerta de mi título asociado.”

 

Mientras tanto, sus hijos toman un tren y un autobús para llegar a las mismas escuelas del Lado Norte que iban cuando vivían en Burling Street. “No quería que cambiaran de escuelas porque no sabía si me iba a mudar,” dijo Moore.

 

Dos están en Suder Montessori, la cual describe como una buena escuela especializada. Sus dos hijos menores asisten a Jenner, la escuela del vecindario más cercana a Cabrini-Green. Y su hija mayor entrará al último año en la Secundaria Lincoln Park este año. En un año más irá a la universidad.

 

Pero Moore y su hija tratan de mantenerse positivas y pensar en la universidad como la mejor oportunidad para abrir nuevas puertas. Cuando su hija comience a estresarse por la colegiatura y considere bajar sus planes a colegio comunitario, Moore la impulsa.

 

“Le digo, ‘No, tu vas a ir fuera de Chicago’,” dijo Moore. “Quiero que ella reciba una buena educación para que pueda ir a donde quiere ir.”