Estando parado cerca de una esquina de la Calle Adams justo al lado de la Avenida Cícero, nunca te imaginarías que es una de las más costosas cuadras de la ciudad. La calle está repleta de envejecidos edificios de ladrillo. Un puñado están sellados con madera; algunos han estado así durante años. Otros fueron demolidos, dejando lotes baldíos para la gente que ya ha llevado sus sillas de jardín, convirtiéndolos en espacios públicos.
“Esta cuadra no parece diferente a cualquier otra”, dijo Elce Redmond, un organizador comunitario que comenzó a trabajar en vecindario de South Austin hace casi tres décadas. En ese entonces, las cuadras estaban llenas con más familias de clase media. Ahora, dijo Redmond, están “llenas con desempleo masivo” y “pobreza masiva”.
Redmond está parado al lado este de un área considerada una “cuadra” por la Oficina del Censo de EE.UU. —un área geográfica de tamaño similar al de una cuadra de la ciudad. Es la capital del encarcelamiento en Chicago. En el 2011, más residentes fueron sentenciados a cumplir condenas tras las rejas de esta cuadra del empobrecido lado oeste de Chicago que de cualquier otra, encontró el Chicago Reporter.
El Reporter analizó todos los casos criminales originándose en Chicago utilizando los registros de la Corte de Circuito del Secretario del Condado de Cook y encontró que más de 147,000 sentencias a prisión fueron dadas del 2000 al 2011. Eso está poniendo al estado en deuda por un estimado de $5.3 billones en costos de encarcelamiento. Un número desproporcionado de estas sentencias ha venido de áreas como esta cuadra de Austin, que por sí sola está costando un estimado de $4 millones. Para todo Austin, el costo se eleva a $644 millones. Mientras tanto, el vecindario de Austin está escaso de trabajos y de otros recursos que podrían mantener a sus residentes fuera de prisión.
Por toda la ciudad, hay otras 968 cuadras censales donde más sentencias con valor de $1 millón fueron dadas del 2000 hasta el 2011. En el 2004, Eric Cadora, director del Centro Justice Mapping con sede en Nueva York inventó la frase, “cuadras del millón de dólares”, para áreas como ésta. Cuando comienzas a sumar los costos de encarcelamiento en estos lugares, hay un efecto cumulativo.
El costo fue calculado en base a un estimado de que los reclusos promedio cumplen el 50 por ciento de sus condenas antes de ser liberados. El estimado viene de David Olson, profesor de justicia criminal de la Universidad Loyola Chicago. Los reclusos condenados por delitos graves están obligados a cumplir la mayoría de sus sentencias, pero la gran mayoría son encarcelados por delitos no violentos de bajo nivel, haciéndolos elegibles para ser liberados por crédito del buen comportamiento diario, dijo Olson, ex investigador con la Autoridad de Información de Justicia Criminal de Illinois.
Los costos reales son probablemente más altos, dijo Juliana Stratton, directora ejecutiva del Concilio Asesor de Justicia del Condado de Cook, una agencia renovada por la Presidenta de la Junta del Condado de Cook Toni Preckwinkle para fortalecer las iniciativas de la reforma de justicia criminal. Eso se debe a que miles de reclusos permanecen en las cárceles del Condado de Cook por meses mientras sus casos pasan por los tribunales. En promedio, cuesta $143 al día para alojar a un recluso en las cárceles del condado, comparado con los más de $58 en las prisiones estatales. “Le ahorra al estado millones de dólares cuando alguien puede cumplir su sentencia en el condado”, dijo.
La oficina de Stratton ha estado trabajando en reformas a las cortes criminales del Condado de Cook que harían más fácil la liberación de personas acusadas de delitos no violentos bajo fianza, para que no se queden en la cárcel local mientras sus casos llegan a los tribunales. La meta a largo plazo, ella dijo, es reducir los costos para que el dinero sea destinado al desarrollo comunitario que “hable de la cuestión más amplia de la estabilización comunitaria” en áreas de donde un número desproporcionado de presos tienen a provenir.
Pocos estudian los costos de encarcelamiento en Illinois tan de cerca como Kathryn Saltmarsh, la directora ejecutiva del Concilio Asesor de Política de Sentencia de Illinois, una agencia creada por la Asamblea General de Illinois para hacer recomendaciones para reducir los costos de correcciones. En sus ojos, los investigadores aún tienen que desenredar los efectos a largo plazo que los encarcelamientos masivos, a través de la “guerra de las drogas” y otras leyes duras contra el crimen adoptadas durante las tres últimas décadas, han tenido en lugares como Austin.
Ella predice que la próxima ola de investigación y análisis de agencias académicas y gubernamentales comenzará a hacer una importante, y con frecuencia pasada por alto pregunta: ¿Cuál es el impacto en las comunidades y en la sociedad cuando se elige el encarcelamiento?
“Necesitamos preguntarnos”, agregó Saltmarsh. “¿Queremos gastar nuestros recursos en correcciones o queremos gastarlos en asegurarnos que la gente tenga los recursos que le va ayudar a no cometer crímenes?
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Austin no tenía tantos problemas con la pobreza, drogas o violencia cuando Redmond comenzó a organizar en el vecindario en 1987. En dos años, la cocaína crack llegó al vecindario del oeste de la ciudad.
De repente, dijo Redmond, que estaba viendo a “personas que nunca esperé ver vendiendo drogas”. El dinero rápido era el anzuelo, dijo.
“Veías a niños que tenían dos padres que trabajaban entrar al negocio de las drogas”.
La respuesta fue más leyes duras con el crimen—las cuales son adoptadas por funcionarios locales, estatales y federales—y el número de personas encarceladas en cuadras como este tramo de la Calle Adams se disparó. “Esta guerra contra las drogas se convirtió en una guerra contra esta comunidad”, dijo Redmond.
El golpe doble fue que, mientras el vecindario estaba inundado con drogas, las fábricas locales fueron cerradas en los 1980s y 1990s. Primero Sumbeam Corp. cerró, seguido de Schwinn Bicycle Co. y Playskool. Miles de personas, muchos, residentes del oeste de la ciudad, perdieron sus empleos. “Comenzó a caer rápido”, recuerda Redmond.
A sus 33 años, Michael Flowers no recuerda el “antiguo Austin” del que ha escuchado su madre y abuelos hablar, que fueron unas de las primeras parejas negras en mudarse a Austin.
“Cuando hablé con mi mamá, dijo, ‘¿Puedes creer que la Secundaria Austin? En los viejos tiempos—tenía un programa de entrenamiento de caballos donde podías aprender a montar los caballos’”, dijo Flowers.
Flowers es de ojos brillantes, carismático y no se anda con rodeos. Él creció en una familia de clase media cerca de la Avenida Cícero y pasó la mayor parte de su vida dentro y fuera de prisión.
El hermano mayor de Flowers entró al narcotráfico primero. “Este estilo de vida era tan glamoroso—ser un joven negro con un carro nuevo”, dijo.
A la edad de 17 años, abandonó sus estudios en la Secundaria Austin Community Academy y estaba vendiendo—y usando—drogas. Fuertemente.
Lo alcanzó rápido. Al momento que Flowers cumplió 17 años, fue fichado en la cárcel del Condado de Cook con cargos por posesión de arma de fuego. En dos años, estaba tras las rejas, esta vez a casi 300 millas al sur del estado de su casa en el Centro Correccional Centralia. Recibió condena por robo después de que uno de sus amigos le apuntara un arma a un grupo de tipos en una licorería local.
Durante la siguiente década, volvería a la penitenciaria cinco veces más por cargos de drogas y de armas. No fue hasta que Flowers tenía casi 30 años que comenzó a “conectar los puntos” entre la heroína y cocaína que estaba usando y sus repetitivos periodos en prisión.
“Estaba vendiendo para satisfacer mi adicción. Pero esto es algo que hacen los muchachos del vecindario de todos modos. Es más que vender para mantener tu vicio. Es un estilo de vida”. Y ahora lo veo y entiendo. No te dan un, cómo se dice, un… plan de retiros allá”.
Por todo el Condado de Cook, el número de sentencias de prisión y cárcel dadas en el 2011 se redujo por un 30 por ciento, comparado a hace una década. Pero en esta cuadra las cifras subieron—por un 111 por ciento durante ese periodo.
En total, 120 casos de delitos graves acabaron en sentencia de prisión o cárcel en la cuadra censal de Austin durante esos años. Una tercera parte fue de acusados de 25 años o menores. Si cumplían su sentencia completa, hubieran pasado colectivamente 375 años tras las rejas.
La mayoría fueron condenados por cargos de drogas, que llegaron con un costo estimado de $2.3 millones para los contribuyentes del estado. La mayoría fueron condenas Clase 1—por traficar entre 1 y 15 gramos de cocaína o heroína—eso, según las normas de sentencia, lleva entre cuatro y 15 años de prisión.
Eso no le sorprende a Reginald Bachus, el pastor de la Iglesia Friendship Baptist en Austin. Él ha visto cómo sus congregantes mantienen sus cortinas cerradas porque tienen miedo de ver lo que está ocurriendo afuera de sus puertas.
La policía ha tratado de tomar las riendas del tráfico de drogas. A finales del verano pasado, cerraron un mercado al aire libre en la esquina de la Calle Adams y la Avenida Laramie. “Sólo estaban vendiendo abierta y descaradamente”, dijo Bachus. “Los policías estaban allí haciendo compras y registrando las ventas”. Por su estimado, de 20 a 30 personas fueron arrestadas finalmente.
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Tenemos que comenzar a ver cómo utilizar ese dinero de otra manera”, dijo Bachus que está trabajando con Austin Coming Together, una organización emergente de desarrollo comunitario, para inventar la manera de reactivar la economía local y poner a más gente local a trabajar.
“Si les pagas a estos muchachos $10 por hora, ocho horas al día, saldrías con más de lo que estás gastando en encerrarlos” en la cárcel comunitaria, dijo Bachus.
Bachus no es de Austin. Él vivió en Kansas City la mayor parte de su vida y sólo se mudó a Chicago después de haber conseguido el trabajo en Frienship Baptist en el 2006.
En el 2010, vio de primera mano las ganas que algunos de los jóvenes del vecindario tenían de trabajar cuando estaba reclutando a personas para conducir las entrevistas del censo. Bachus caminó de cuadra en cuadra buscando a gente para contratarla. “Cuando oían que pagaba a $17 por hora, sus ojos se iluminaban”, dijo. “Luego su segunda pregunta era, ‘¿Puedes tener antecedentes penales?’”
La respuesta fue no. Por su conteo, ninguno consiguió un empleo.
“Es un efecto dominó”, dijo Bachus. “Estamos arrestando a los jóvenes, pero no hay nada para que ellos hagan en nuestra comunidad”,
En lo referente a la Senadora estatal Patricia Van Pelt, Demócrata del oeste de Chicago, el desempleo crónico es el problema número 1 del vecindario.
No es que no haya empleos en Austin. Un análisis del Reporte de los datos del departamento federal del trabajo encontró que hay aproximadamente un empleo para cada tres adultos de 25 años o mayores en la comunidad. El problema es que la gente de Austin ocupa menos de uno de cada 10 trabajos.
“Tenemos que quitar las barreras [del desempleo]. De lo contrario nos estamos preparando para un espiral descendente”, dijo Van Pelt.
En febrero, presentó una propuesta de ley que le daría a los empleadores un reembolso del 10 por ciento de los salarios pagados a los ex delincuentes. Van Pelt estima que aproximadamente 25,000 ex delincuentes regresaron a Chicago el año pasado. “Estas personas necesitan tener alguna sensación de valor para contribuir a sus familias”, dijo. “Sin ella, se crea cierto nivel de ansiedad en toda nuestra comunidad”.
Flowers dijo que no es el único hombre del vecindario que busca hacer una pausa con el pasado. Muchos regresan a las esquinas porque es el único recurso de trabajos locales con el que pueden contar.
“Si tienes a una comunidad que no te permite trabajar en Walgreens o en Wal-Mart, ¿qué vas a hacer?”
Flowers espera mejorar sus prospectos obteniendo lo básico. Está en la escuela nocturna estudiando para obtener un certificado de GED.
Es una barrera común. En el tracto censal de donde Flowers proviene, menos del 30 por ciento de adultos mayores de 25 años carecían de una educación secundaria en el 2010, según las cifras del censo. Eso fue una mejora con respecto al 2000, cuando era de un 38 por ciento.
Pero él piensa que el problema de los trabajos es sólo el comienzo. Estuvo en prisión cuando el mercado inmobiliario se derrumbó y los embargos hipotecarios se apilaron en Austin más rápido que en cualquier otro vecindario de Chicago.
“Cuando regresé y vi la comunidad esta vez, estaba tan sorprendido”, dijo Flowers. “Edificios abandonados por todas partes. Lotes baldíos. En otros vecindarios, si un edificio está vacante, lo demuelen. [En Austin], los bancos toman posesión de la casa, sacan a la familia y se convierte en una casa de drogas”.
“Hay una mejor manera”, dijo. “Necesitamos hacer un programa de reconstrucción. Tenemos todos estos edificios abandonados. Tienen ex presidiarios con fabulosas habilidades. Denles un trabajo reconstruyendo sus propias comunidades”.
“Si haces eso, y le das a los ex presidiarios trabajos para reconstruir su comunidad, comienzan a interesarse. Dirían, ‘oye, no hay lugar para vender esas drogas aquí. Estamos arreglando ésto. Estamos haciendo ésto’”, dijo Flowers. “Sabes, dales el poder de regreso a su comunidad. Devuélveles las llaves a su comunidad”.
James Reddick ayudó en la investigación de este artículo.