Por Melissa Sanchez | Febrero 8, 2017
Sabrina Jackson esperaba ansiosamente un aumento salarial el verano pasado en su trabajo como guardia de crucero cerca de la escuela de sus hijos en Englewood.
El salario mínimo en Chicago estaba programado para aumentar de $10 a $10.50 por hora bajo una ordenanza municipal, dando un pequeño pero bienvenido incremento en el cheque para Jackson.
Pero cuando el nuevo año escolar comenzó, Jackson descubrió: “No me dieron el aumento”. Las Escuelas Públicas de Chicago rehusaron pagar el aumento a los 1,300 guardias de crucero, diciéndole a los grupos sin fines de lucro encargados del programa que el distrito tenía problemas presupuestales y aduciendo que esos trabajadores estaban exentos. El distrito nunca explicó por qué consideró que los guardias de crucero no calificaban para el aumento.
El pago insuficiente para los trabajadores de las Zonas de Paso Seguro es solamente un ejemplo de cómo la ordenanza del salario mínimo de la ciudad ha fallado desde que tomó efecto en julio del 2015. Un análisis del Chicago Reporter estima que miles de trabajadores han quedado atrás salarialmente debido a excepciones en la ley, que pretende aumentar el salario mínimo a $13 por hora para 2019.
Mientras tanto el departamento municipal responsable de vigilar el aumento solamente ha investigado una cuarta parte de las 454 quejas recibidas, recuperó salarios debidos sólo para unas cuantas docenas de trabajadores y ni siquiera ha multado a ninguna compañía por violar la ordenanza. Después de repetido cuestionamiento del Chicago Reporter sobre la blanda vigilancia de ese departamento, funcionarios municipales ahora dicen que empezarán las multas.
También siguiendo a nuestras preguntas, CPS dio marcha atrás y dijo que cubriría el aumento salarial desde principios del año escolar a sus guardias de crucero. “CPS está comprometida a cumplir con la ordenanza del salario mínimo y hemos comenzado el proceso para garantizar que todos los trabajadores de Zonas de Paso Seguro sean compensados apropiadamente este año”, dijo el vocero del distrito Michael Passman en un comunicado a fines de enero.
Otras ciudades que han pasado leyes de salario mínimo, como San Francisco y Seattle, han tenido mucho mayor éxito con una vigilancia más rigurosa.
El concejal Carlos Ramírez Rosa (Distrito 35) coincide en que Chicago necesita mejorar la vigilancia de esta ley. Recuerda haber intervenido el año pasado para resolver una disputa salarial en su distrito entre el dueño de una bodega en Albany Park y un trabajador, quien era indocumentado.
“Estoy feliz de usar la ventaja de mi cargo”, dice Ramírez Rosa. “Pero ultimadamente hay que hacer cumplir la ley. Es extremadamente importante que la Ciudad de Chicago haga respetar sus ordenanzas. Y si lo que estamos haciendo es inadecuado, necesitamos rectificar para desplegar los recursos adecuados y mecanismos de cumplimiento necesarios”.
Para Jackson, quien sigue buscando un empleo mejor remunerado y depende de estampillas de comida y un subsidio de vivienda pública para mantener a sus cuatro hijos, cualquier aumento salarial es significativo.
“Esto ayuda mucho. Esos 50 centavos suman”, dijo. “Quizá sea un pago adicional del que ya no tendrás que preocuparte o cosas extras que ahora puedo comprar para mis niños”.
¿Cómo aumentó Chicago el pago — para algunos trabajadores?
En los meses previos a su campaña de reelección en el 2014, el alcalde Rahm Emanuel formó un grupo de trabajo para analizar el aumento del salario mínimo en la ciudad. Varios grupos comunitarios, incluidos aquellos involucrados en la campaña nacional Lucha por $15 para trabajadores de comida rápida, presionaron por un sueldo de $15 por hora. Los grupos empresariales se opusieron, advirtiendo que los pequeños negocios cerrarían o recortarían trabajadores.
Mientras ciudades como Seattle, San Francisco y Los Ángeles adoptaron un salario mínimo de $15, el Consejo Municipal de Chicago aprobó un mínimo de $13 en diciembre del 2014. El grupo de trabajo admitió que $13 quedaba lejos de un salario adecuado, considerando los altos costos de la vivienda en la ciudad. (El Living Wage Calculator, proyecto desarrollado por el Instituto de Tecnología de Massachusetts, ubica el monto en $24.91 por hora para un adulto soltero con un niño en el Condado de Cook).
Todavía así Emanuel promovió el aumento como una manera de sacar a las familias trabajadores de la pobreza, mientras que los defensores de los pobres lo vieron como un primer paso en la dirección correcta. “Es una gran parte del rompecabezas para que la gente ascienda socialmente, para empezar a recibir un salario justo y tener los medios para salir adelante”, dijo John Bouman, presidente del Centro Nacional Sargent Shriver de Leyes sobre Pobreza, en Chicago. Bouman estuvo como vicepresidente del grupo de trabajo.
(Desde la medida de Chicago, el Condado de Cook aprobó una ordenanza que sube el salario mínimo a $13 por hora en el 2016. Mientras tanto la Legislatura estatal ahora está considerando una propuesta para aumentar el salario mínimo de Illinois a $11 por hora).
Funcionarios de la ciudad estiman que más de 270,000 trabajadores de bajos ingresos se han beneficiado del incremento. No obstante, el análisis del Chicago Reporter encontró que más de 20,000 trabajadores están exentos, en parte porque la ordenanza incorporó un número de excepciones en la ley estatal. La lista de excepciones incluye a ciertos trabajadores jóvenes, como aquellos en el programa One Summer Chicago, además de otros menores de 18 años y estudiantes que trabajan en las universidades públicas y colegios comunitarios; también trabajadores discapacitados; aquellos en programas de transición laboral, como los desamparados y ex convictos; nuevos empleados en sus primeros 90 días en el trabajo; empleados de ciertos pequeños negocios y otros grupos.
Bouman lo califica como una “decisión táctica” para evitar una gran batalla en la misma ordenanza. Ni la ciudad ni el grupo de trabajo emitieron sus propios estimados de trabajadores exentos. “La idea era que iba a ser muy duro aprobar un aumento sustancial al salario mínimo, que se iba a fracturar y complicar si las excepciones eran incluidas en el debate”, precisó Bouman.
Sin embargo los simpatizantes de varios grupos pidieron a la ciudad utilizar la ordenanza como una oportunidad para nivelar las condiciones laborales de todos los trabajadores.
Las excepciones hacen “más difícil que las personas con discapacidades contribuyan a la fuerza laboral y vivan de manera independiente”, alega Garcy Arnold, vocero de Access Living, un grupo de derechos para personas con discapacidades.
Otros grupos, incluidos aquellos que ayudan a colocar jóvenes en el programa One Summer Chicago, quedaron sorprendidos de conocer las excepciones después de que la ordenanza entró en vigor.
“Ellos deberían recibir el sueldo mínimo, especialmente aquellos jóvenes que trabajan en negocios donde los demás empleados reciben el salario mínimo”, sostiene Juliet de Jesus Alejandre, directora del programa juvenil de la Asociación Vecinal de Logan Square. “Era un número desproporcionado de adolescentes de color que solicitaron trabajo en diferentes lugares y esta oportunidad era la única que los haría regresar”.
Alejandre ve esto como un tema de equidad, ya que los jóvenes blancos de familias con mayores ingresos suelen tener más conexiones y oportunidades laborales en sus vecindarios. De hecho, ella recuerda que una de los pocos participantes anglosajones en el programa rechazó una plaza después de que su madre la ayudó a encontrar una práctica laboral con mejor paga en otro lugar.
Una vez que la ordenanza fue aprobada, el alcalde formó el Grupo de Trabajo de Familias Trabajadoras para analizar otros temas, incluidas políticas de días pagados por enfermedad y prácticas de programación de horarios laborales. Ese grupo escuchó a trabajadores de comida rápida denunciar que les habían recortado las horas cuando aumentó el salario mínimo. Eran trabajadores como Aiesha Meadows McLaurin, quien labora en tres restaurantes Burger King para poder subsistir. “Ellos recortan las horas de trabajo”, dice. “Ahora estoy corriendo entre tres trabajos y todavía dependo de la asistencia pública”.
La ordenanza municipal de 2016 imponiendo días pagados por enfermedad para los trabajadores fue recomendada por el grupo de Familias Trabajadoras. Pero el grupo de trabajo decidió cancelar las recomendaciones para mejorar la programación de horarios, citando la necesidad de más análisis.
“Puedes obtener un gran incremento en la tarifa por hora, ¿pero qué pasa si las horas que trabajas son recortadas?”, dice Robert Bruno, director del programa de educación laboral en la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign y miembro del grupo de trabajo. “La respuesta honesta es que nadie sabe cuál ha sido el impacto del incremento al salario mínimo. Nadie ha realizado un análisis integral y estadístico”.
El Proyecto de Renovación de la Clase Media de la universidad analizará el impacto del aumento al salario mínimo por hora, la programación de horarios laborales e ingresos como parte de un gran estudio sobre sueldos bajos.
La irregular vigilancia en Chicago
Mientras más ciudades aprueban medidas para incrementar el salario mínimo o garantizar los días pagados por enfermedad, algunos han creado departamentos especializados para vigilar las nuevas leyes laborales. Chicago no lo ha hecho. En cambio, la ciudad adjudicó la supervisión del salario mínimo, días pagados por enfermedad y una medida del 2014 contra el robo de salarios, al Departamento de Asuntos Comerciales y Protección del Consumidor sin contratar más personal.
“El alcance de este departamento ha cambiado y fue ampliado, pero todavía los recursos y reestructura necesarios en esa agencia no han ocurrido”, indica Adam Kader, quien dirige el centro laboral en la agrupación sin fines de lucro Arise Chicago. Preocupados por la capacidad de ese departamento municipal, activistas laborales como Kader con frecuencia piden a trabajadores agraviados que consideren negociar con sus empleadores o adoptar otra acción para resolver problemas de pago de salarios, o incluso interponer demandas particularmente en casos indignantes.
El departamento declinó proveer copias de las quejas por salario mínimo o archivos sobre sus investigaciones, o permitir que el Chicago Reporter inspeccionara los documentos, que darían más detalles e identificarían a los negocios involucrados. La agencia reclamó que esa tarea sería “excesivamente pesada” y que todos los archivos están en papel, distribuidos en diferentes departamentos.
Pero datos obtenidos por el Chicago Reporter a través de una solicitud del Acta de Libertad de Información muestran que el departamento ha recibido 454 quejas de julio de 2015 (cuando la ordenanza entró en efecto) a diciembre de 2016. Hasta ahora solamente 112 querellas, o una en cuatro, han conducido a investigaciones, mayormente porque los trabajadores no sometieron los affidávits necesarios.
Tal parece que son los mismos procedimientos del departamento que disuaden a los trabajadores de interponer quejas. La agencia envía a los empleadores una copia del affidávit, algo que los activistas dicen que crea temor de represalias entre los trabajadores (especialmente entre los inmigrantes indocumentados). Otras ciudades como San Francisco y Seattle mantienen confidenciales los affidávits de los trabajadores y les permiten dar información por teléfono sin tener que llenar el papeleo.
La vocera del departamento en Chicago, Angel Hawthorne, dice que la ciudad no vacila en tomar acción. “Cuando recibimos alguna denuncia la investigamos completamente y actuamos cuando es necesario”, dijo en un comunicado. “Hemos recuperado decenas de miles de dólares en salarios adeudados a los trabajadores y estamos listos para cerrar cualquier negocio que viole las leyes de robo de salarios”.
Funcionarios municipales dijeron al Chicago Reporter que el departamento ha recuperado salarios para 51 trabajadores. El monto total recuperado: $82,000.
No obstante, la ciudad no ha emitido ninguna multa o revocado la licencia de ninguna de las compañías encontradas en violación de la ordenanza, que establece que los negocios “deberían” ser sujetos a multas de $500 a $1,000 por día.
Hawthorne dice que el objetivo del departamento durante los primeros 18 desde que entrara en vigor la ordenanza era “educar a los negocios de Chicago y asegurar la compensación adecuada para los trabajadores”.
“En el futuro el departamento adoptará una postura dura y emitirá Notificaciones Administrativas de Violaciones a los empleadores que fallen en seguir la ley”, dijo Hawthorne. “Esto podría resultar en multas impuestas por la corte administrativa”.
Lo que hacen otras ciudades
San Francisco, Seattle, New York City y Washington, D.C., están entre aquellas ciudades que crearon un departamento separado para vigilar las leyes laborales locales. Sus agencias también conducen acercamientos comunitarios para educar a los trabajadores y dueños de negocios sobre las reglas.
Existen enormes diferencias sobre la manera de aplicar la vigilancia en Chicago cuando se compara con ciudades como Seattle y San Francisco. Los investigadores allá automáticamente asumen que los reportes de los trabajadores son resultado de un problema sistémico, por lo tanto las indagatorias abarcan a toda la compañía. La premisa es que si una empresa está engañando a un trabajador, sus compañeros probablemente están en la misma situación.
“En la mayoría de los casos, es muy usual que la violación ocurre contra todos los empleados”, sostiene Dylan Orr, quien dirige la Oficina de Estándares Laborales de Seattle.
Seattle es una cuarta parte del tamaño de Chicago pero tiene una oficina independiente con 12 personas para vigilar los estándares laborales locales. Inicialmente el departamento de derechos civiles de Seattle se encargó de la supervisión, hasta que los funcionarios municipales y grupos comunitarios acordaron que los temas laborales exigían una fuerza especializada. Este año el departamento está duplicando su tamaño a 24 empleados.
“La gente reconoció que había mucho trabajo para nosotros”, dice Orr. “Estábamos ahogándonos en investigaciones. Los casos estaban tomando más tiempo del necesario. Y queríamos ser tan efectivos en el aspecto de vigilancia como fuera posible”.
Las investigaciones de la oficina en Seattle incluyen una revisión de la nómina completa del empleador, no solamente los archivos relacionados al caso de un trabajador, como ocurre en Chicago. Eso protege la confidencialidad del empleado que interpuso la queja y reduce el miedo a represalias. Los investigadores pueden emitir citatorios y pueden pedir ver los archivos de nómina y entrevistar a los trabajadores en el lugar.
Seattle ha tenido resultados significativos desde que comenzó a implementar el salario mínimo de $15 en abril de 2015. Hasta diciembre de 2016, el departamento laboral de Seattle había iniciado 132 investigaciones; 37 condujeron a acuerdos y pago de salarios caídos. Y debido a que múltiples trabajadores resultaron afectados en cada caso, el departamento recuperó casi $400,000 para 683 empleados. Eso es más de 13 veces de ayuda a trabajadores comparado con Chicago.
La oficina en Seattle impone penalidades a ofensores indignantes que se rehúsan a acuerdos rápidos, trabaja con otros departamentos municipales para retirar licencias a negocios e incluso convoca a los abogados de la ciudad para entablar demandas a nombre de los afectados.
Pero la vasta mayoría de empleadores –alrededor del 90 por ciento– acaban pagando antes de que el proceso llegue a un nivel extremo. “Solamente hemos enviado a un puñado de negocios al proceso de revocación de licencia”, indica Orr. “Hasta ahora la amenaza ha sido suficiente”.
Melissa Sánchez es una reportera de The Chicago Reporter. Pueden contactarla en su correo electrónico msanchez@chicagoreporter.com y también seguirla en Twitter en @msanchezMIA.