Cuando la Legislatura de Illinois había realizado su aporte para ayudar a la Junta Escolar a cumplir con el primer contrato de tres años que firmó con el Sindicato de Maestros de Chicago, los dirigentes escolares y sindicales aclamaron una nueva era de paz laboral.
En noviembre de 1990, mientras los legisladores regresaban a sus hogares después de meses de argüir sobre un llamado proyecto de ley de fianza, la presidenta del CTU, Jacqueline Vaughn, proclamó: “El contrato de tres años puede ser puesto en práctica, los programas de educación y los consejos escolares locales que se están desarrollando pueden ser financiados, y nosotros podemos esperar tres años de paz y estabilidad en nuestro sistema.” Si bien los legisladores no proporcionaron ningún dinero, sí le permitieron a la junta, por ejemplo, utilizar los $66 millones de impuestos cobrados de la nómina para el fondo bien financiado de pensiones de los maestros de Chicago.
Lo que Vaughn no anunció fue que los aumentos del 7 por ciento del contrato provistos para el segundo y tercer año del contrato no estaban garantizados, sino que estaban condicionados a si la junta recibía ingresos adicionales. El dinero adicional nunca se materializó. Para mayo de 1991, la Junta Escolar estaba nuevamente proyectando un enorme déficit de $315 millones.
Al final, el cual llegó uno día antes de la fecha límite para la huelga, fijada el 18 de noviembre, el sindicato de maestros aceptó un aumento de un 3 por ciento vigente a partir del 1 de febrero de 1992. A cambio, la junta aceptó quitar la cláusula condicional del contrato para 1992-93. Otros sindicatos de empleados aceptaron congelación de pagos.
Por su parte, la Junta Escolar redujo 360 puestos de su oficina central. En el ámbito escolar se eliminaron 520 cargos de maestros, 256 empleos de mantenimiento, 108 oficinistas escolares y 81 asistentes de directores. Continuando con una práctica de larga trayectoria, la junta también redujo en mantenimiento edificio. También se eliminó la escuela gratuita de verano para los alumnos de último año de secundaria que necesitaban uno o dos cursos para graduarse.
“Es su crisis anual,” observó el Senador Arthur Berman (Demócrata de Chicago). “Siempre existe este acuerdo en la undécima hora, quincuagésimo noveno minuto. No es nada fuera de lo común para la junta.”
Para las escuelas la buena noticia fue que siguieron viendo como aumentaba la cantidad de su dinero discrecional. Una característica clave de la Ley de Reforma Escolar de 1988 fue la transferencia, introducida en etapas, del dinero llamado del Chapter 1 del presupuesto central a los presupuestos de las escuelas locales, donde los fondos podían ser destinados para prioridades determinadas en forma local. Para 1991-92 las escuelas tenían $173 millones a su disposición. En 1995, la Legislatura, en vigor, superó el monto llegando a $261 millones.