Justo antes de la navidad, el arresto de Guillermo Monreal por robo lo llevó al Centro de Detenciones del Condado McHenry. Para cuando su esposa logró encontrar a un abogado, Moreal le había llamado con la mala noticia. “Me van a deportar esta noche”, le dijo. Su voz era vacilante—inclusive distante.
Linda Hernández no entendía. Su esposo había estado en la cárcel tan sólo un par de días. “Ni siquiera se presentó frente al juez”, recordó. “Yo no sabía lo que estaba ocurriendo”.
Unos cuantos días después, los oficiales de inmigración le dijeron a Royal Berg, el abogado de Monreal, que su cliente había sido deportado bajo una “restitución ” de una previa orden de deportación del 2000, cuando Monreal cruzó la frontera ilegalmente desde su natal México donde había estado visitando a su padre enfermo.
Moreal no se había dado cuenta del significado de su deportación del 2000. Después de todo, había hecho otro intento por cruzar después en ese mismo año, con éxito y regresó a Chicago, en donde había vivido desde los años 80. Se reunió con Hernández y llegó a criar dos hijos, ahora de 11 y 7 años, en el sur de la ciudad. La pareja contrajo matrimonio en el 2011.
Pero el pasado de Monreal lo alcanzó después de su arresto de diciembre.
Otros miles han enfrentado un similar dilema. Desde octubre del 2007 hasta septiembre del 2011, más de 460,000 deportaciones fueron ejecutadas bajo las restituciones por todo el país, muestra un análisis de los registros del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. del Chicago Reporter. Como Monreal, estos inmigrantes fueron deportados sin la oportunidad de comparecer ante un juez de inmigración.
Más de 8,300 de estas restituciones llegaron en el “área de responsabilidad” de Chicago, supervisada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU., una agencia de la seguridad nacional.
En recientes años, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ha estado deportando a más y más inmigrantes pasando por alto los procedimientos judiciales formales, encontró el Reporter. La restitución es una de varias estrategias legales diseñadas para este esfuerzo. Otras son conocidas como “órdenes administrativas”, “deportaciones aceleradas”, “órdenes de deportación estipuladas”, “retiros de exención de visa” y “retornos voluntarios”. Todos estos procedimientos permiten las deportaciones rápidas sin una audiencia judicial.
El área de responsabilidad de Chicago es una zona de control migratorio que abarca los estados de Illinois, Indiana, Kansas, Kentucky, Missouri y Wisconsin. Más de 25,000 inmigrantes en esa área recibieron las deportaciones de vía rápida entre los años fiscales 2008 y 2011, los años más recientes para cuales los datos están disponibles. Esta cifra conforma aproximadamente el 57 por ciento de todas las deportaciones ejecutadas durante ese periodo, muestra el análisis del Reporter.
Las cifras han ido aumentando. En el año fiscal 2011, casi el 60 por ciento—o 7,065—de todas las deportaciones del área de responsabilidad de Chicago pasaron por alto las audiencias judiciales, un aumento de aproximadamente 7 puntos porcentuales desde el año fiscal 2008.
Los defensores creen que muchos inmigrantes que fueron sometidos a estos procedimientos de vía rápida podrían haber calificado para otras formas de alivio que les hubiesen permitido permanecer en los Estados Unidos. En tales casos, dijeron, extenderles el “debido proceso” en un tribunal es crucial.
“La razón por la que tenemos el debido proceso es para tener un sistema en el cual las personas pueden ser identificadas si erróneamente son puestas en procesos de deportación”, dijo Mark Fleming, coordinador de litigios para el Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes, una organización sin fines de lucro con sede en Chicago que ofrece servicios legales gratuitos o de bajo costo a los inmigrantes.
El actual sistema carece de controles y equilibrios, dijo Linus Chan, profesor adjunto de leyes en la Universidad DePaul e instructor clínico en la Clínica de Asilo Político y Leyes Migratorias de la escuela. Bajo las deportaciones de vía rápida, Chan señaló, los oficiales de inmigración gozan de un poder total—para detener, juzgar y deportar. “Una forma de imaginárselo es muy parecida a cuando un policía te puede arrestar, procesar y juzgar en el mismo cuerpo”, dijo.
Ricardo Wong, director de cumplimiento y operaciones de deportación de la oficina de Chicago de Inmigración y Control de Aduanas, negó las acusaciones de que su agencia se está reusando a darles a los inmigrantes una oportunidad de comparecer ante un juez. Pero se negó a discutir casos específicos debido a cuestiones de privacidad.
Wong reconoció que las deportaciones administradas fuera del sistema judicial de inmigración son más rápidas y menos costosas pero agregó que estos factores no juegan un papel en las decisiones de deportación. Su agencia revisa cuidadosamente cada decisión para determinar el mejor curso de acción—ya sea deportar a las personas dentro o fuera del sistema judicial de inmigración, dijo.
“Todo está en su lugar, y funciona muy bien”, dijo. “Tomamos cada deportación muy, pero muy en serio”.
Ira Mehlman, portavoz de la Federación Americana de Inmigración, un grupo con base en Washington D.C. que apoya controles de inmigración más estrictos, dijo que no todos los procedimientos de deportación ameritan una audiencia judicial. Algunos inmigrantes utilizan el sistema tribunal para presentar “acusaciones infundidas”, dijo.
“Hay personas que están retrasando su deportación por años y años”, dijo. “Necesita haber un proceso más simplificado con el fin de asegurarse de que pueda funcionar eficazmente”.
Pero los procedimientos de vía rápida bordean el concepto del debido proceso, que debería extenderse a los no ciudadanos que viven en el país, inclusive en procesos de deportación, dijo Matthew Kuenning, profesor adjunto de leyes migratorias de la Universidad de Illinois Urbana-Champaign.
“Hay una larga lista de casos en la Corte Suprema de Estados Unidos que abordan la cuestión del debido proceso”, dijo Kuenning, que también es abogado de inmigración. “La conclusión es que el debido proceso se aplica en general a los no ciudadanos [que] viven en el país.”
Es un error deportar a los inmigrantes sin darles la oportunidad de exponer su caso en la corte, dijo el Congresista de EE.UU. Luis Gutiérrez, líder de mucho tiempo en el esfuerzo del Congreso por la reforma migratoria.
Gutiérrez, quien representa el 4º Distrito Congresional de Illinois, se comprometió a abordar la cuestión de las expulsiones por la vía rápida en el marco de la legislación de reforma migratoria que está siendo considerada en el Congreso.
“Los Demócratas y Republicanos con los que he estado hablando acerca de cómo crear una legislación para reparar nuestro roto sistema migratorio también reconocen que hay obstáculos en nuestro actual sistema y exilios mandatorios impuestos por leyes punitivas que funcionan en contra de nuestra meta de tener un sistema migratorio sensible, claro y generoso en el futuro”, dijo en una declaración por escrito.
Para Monreal, el exilio mandatorio fue demasiado. Desde su deportación, había estado viviendo en la Ciudad de México, mientras que su esposa buscaba maneras para traerlo de regreso. Pero decidió que ya no podía esperar más. Después de hablar con su familia el domingo de Pascua, Monreal intentó cruzar la frontera ilegalmente—pero fue atrapado.
“No podía vivir sin nosotros”, dijo Hernández con lágrimas en sus ojos. “Le dije que no lo hiciera…Pero creo que es más fácil que yo lo diga porque estoy aquí con mis hijos y él está allá solo”.
Ahora se encuentra en una prisión federal en Texas, enfrentando un cargo por reingreso ilegal, un delito castigado por hasta cinco años de prisión. Hernández no se atreve a decirle a sus hijos, Linda y William, lo que ocurre. Ellos piensan que su padre, que solía dejarlos en la escuela todos los días, está en México sólo temporalmente. William, que se reúsa a cortarse el pelo hasta que su padre regrese, espera ver a su papá en mayo.
“Extrañan a su papá”, dijo la madre de 46 años de edad. “Estoy haciendo todo por mí misma, pero es tan difícil. No sé cómo otras personas lo hacen”.
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Por lo general, el tribunal de inmigración, administrado por el Departamento de Justicia de EE.UU., ha sido la primera parada para los inmigrantes que enfrentan la deportación. Típicamente los inmigrantes son citados a corte una vez que se determina que están sujetos a la deportación. Eso puede suceder en casos donde la persona ha cometido algún delito o ha tenido otro contacto con las autoridades de inmigración. La corte no garantiza el acceso a un abogado pero a los inmigrantes se les daba la oportunidad de impugnar sus deportaciones ante un juez.
Pero en 1996, el mecanismo de deportaciones de vía rápida fue creado por la Ley de Reforma de Inmigración Ilegal y de Responsabilidad del Inmigrante. La ley llegó 10 años después de que el Congreso concediera la amnistía a 2.7 millones de inmigrantes indocumentados en respuesta a la creciente demanda por leyes migratorias más estrictas para frenar el crecimiento de la población de inmigrantes indocumentados.
“La ley fue un producto para incrementar la capacidad de ejecución”, dijo Susan Gzesh, directora ejecutiva del Programa de Derechos Humanos en la Universidad de Chicago. Ella agregó que la ley también hizo a los residentes legales deportables por una gama más amplia de delitos criminales. “Esta ley es muy dura”.
Las deportaciones de vía rápida son ahora comunes. En el área de responsabilidad de Chicago, las órdenes de deportación estipuladas y las restituciones conformaron más del 80 por ciento de deportaciones de vía rápida entre los años fiscales 2008 y 2011, muestra el análisis del Reporter. Las órdenes de deportación estipuladas fueron las más altas, con 11,743 personas que firmaron la orden durante este periodo, seguido de 8,331 deportaciones que fueron ejecutadas bajo restituciones.
En años recientes, las restituciones, que desencadenan las deportaciones cuando hay un historial de una orden previa de deportación, han visto la mayor expansión, aumentando constantemente de 1,479 en el 2008 a 2,723 en el 2011.
A nivel nacional, las restituciones y las deportaciones aceleradas fueron las dos mayores categorías de deportaciones de vía rápida durante el periodo. Juntas, las dos categorías fueron responsables de casi 914,000 deportaciones, o aproximadamente el 60 por ciento de todas las deportaciones—incluyendo aquellas ejecutadas por los tribunales de inmigración. En el área de Chicago, sólo un pequeño número de deportaciones aceleradas han sido ejecutadas. Entre los años 2008 y 2011, hubo 289 deportaciones aceleradas, muestra el análisis.
Fleming del Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes cree que el gobierno está recurriendo a las deportaciones de vía rápida—las cuales pueden ser implementadas rápidamente y son económicas—para facilitar un creciente atraso en los tribunales de inmigración y ayudar a sufragar los altos costos de la ejecución.
En los 58 tribunales de inmigración del país, un caso promedio se lleva más de un año, según un análisis del Reporter de datos federales mantenidos por el Repositorio de Acceso de Archivos Transaccionales de la Universidad Syracuse. En el tribunal de inmigración de Chicago, los casos se llevan aún más tiempo—un promedio de 589 días.
El costo de la ejecución de las leyes migratorias a nivel nacional se ha disparado a $18 billones tan sólo en el 2012—más que los gastos combinados de todas las demás agencias federales de seguridad, muestra un reporte del Instituto de Política Migratoria, un grupo de investigación no partidista en Washington, D.C. Esa cantidad se ha duplicado desde el 2005.
“Hay un enorme atraso, y la manera más eficiente para que [la agencia de inmigración] cumpla su objetivo es deportar a estas personas a través de” las deportaciones de vía rápida, dijo Flemming. “Es la forma más sencilla de obtener los números. …Es más económico porque no utilizan los recursos judiciales e implican menos tiempo de detención y costos”.
Wong de la oficina de Inmigración y Control de Aduanas dijo que la agencia está simplemente enfocada en “la ejecución eficaz e inteligente de la inmigración”, dirigiendo sus recursos para deportar a los criminales convictos y las “personas que recientemente cruzan la frontera”—que están sujetos a una deportación acelerada.
La mayor preocupación de los defensores sobre las deportaciones de vía rápida es que los oficiales de inmigración no les están diciendo a los inmigrantes si tienen la opción de alguna forma de alivio, dijo Chan de la Clínica de Asilo Político y Leyes Migratorias.
“Si eres detenido, y quieres salir, y algunos oficiales te van a decir, ‘Mira, no puedes ganar tu caso de todos modos. Sólo firma esta forma’”, dijo Chan, que ha estado practicando leyes migratorias por nueve años y es visitante frecuente de los centros de detención. “Los [oficiales] de inmigración no son abogados y no conocen la ley—especialmente la ley de inmigración porque es bastante complicada”.
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La deportación acelerada les da a los oficiales de inmigración en los “puertos de entrada” tales como el Aeropuerto Internacional O’Hare, la autoridad para deportar a inmigrantes sin una revisión judicial. En el 2004, la póliza fue expandida para que se aplicara a los inmigrantes indocumentados arrestados a 100 millas de distancia de la frontera o de aquellos que no puedan comprobar que han vivido en el país por más de 14 días.
En muchos casos de deportación, los tribunales de inmigración no estuvieron disponibles para los inmigrantes, dijo Laura Lichter, presidenta de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración, un grupo de abogados que practican y enseñan leyes de inmigración. Aunque el sistema judicial es imperfecto, es mejor que no ver a un juez del todo si los inmigrantes tienen una opción de alivio, dijo.
“En la corte, los inmigrantes tienen al menos una oportunidad de que se le expliquen las cosas”, dijo. “Aprenden sobre otras opciones y pueden contratar a un abogado”.
El proceso acelerado de deportación no tiene transparencia, dio Fleming del Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes. “Hay serios problemas con el proceso”, dijo. “Es difícil saber cómo funciona. Es efectivamente una caja negra”.
Un reportaje del 2005, “Solicitantes de Asilo en Deportación Acelerada”, producido por la Comisión de Libertad Religiosa Internacional de los Estados Unidos, encontró que a algunos solicitantes de asilo—después de expresar un temor de persecución en sus países—no se les dio una entrevista de “miedo creíble” como se exige por ley. La agencia federal independiente, bipartidista está dedicada a defender el derecho a la libertad de religión.
Los investigadores observaron 79 casos de solicitantes de asilo y encontró que al 15 por ciento de esos inmigrantes no se les hizo la entrevista. Bajo las regulaciones del departamento de seguridad nacional, “todos estos extranjeros debieron de haber sido referidos para una entrevista de miedo creíble”, indicó el reportaje.
Aún, la deportación acelerada es una herramienta valiosa, dijo Mark Krikorian, director ejecutivo del Centro de Estudios Migratorios con sede en Washington, D.C., el cual aboga por la inmigración controlada. “La deportación acelerada es algo que tenemos que utilizar más”, dijo. “Ya que es acelerada, es más rápida, económica y no obstruye el tribunal de inmigración”.
Para Hernández, la deportación acelerada de su esposo no le dio una oportunidad para una audiencia justa.
“Esto no fue justo. Estamos casados. Tenemos hijos”, dijo, añadiendo que a su esposo se le debió haber dado la oportunidad de ver a un juez. “Los niños extrañan a su papá … nuestros sueños están destrozados”.
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Entre los años fiscales 2000 y 2009, el número de órdenes de deportación estipulada firmadas alcanzó su número máximo en el 2008, con más de 40,000 a nivel nacional, muestra un informe conjunto de la Clínica de Derechos de Inmigrantes de la Universidad Stanford y el Centro Nacional de Leyes Migratorias. El tribunal de inmigración de Chicago tuvo 20,000 órdenes firmadas entre los años fiscales 2004 y 2009—el segundo número más alto del país.
Pero las cifras de Chicago comenzaron a disminuir, de 3,527 en el año fiscal 2008 a 2,823 en el año fiscal 2011, muestra el análisis del Reporter de los registros del departamento de justicia. Los datos nacionales reflejan a Chicago, mostrando una reducción de 46,519 en el 2008 a 35,453 en el 2011.
Los defensores atribuyeron las diminuciones a sus esfuerzos de asesorar a los inmigrantes a no firmar las formas mientras estén en custodia.
Wong de la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas dijo que no sabía porque las cifras disminuyeron. Pero sus oficiales recientemente notaron que más inmigrantes se están rehusando a firmar las formas, agregó, y optando por permanecer detenidos con la esperanza de obtendrán la amnistía bajo la reforma migratoria.
Dana Leigh Marks, juez del tribunal de inmigración de San Francisco y presidenta de la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración, dijo que ella no firmará ninguna orden de deportación estipulada porque no confía en que los inmigrantes estén totalmente informados de las consecuencias.
Marks dijo que comenzó a rechazar las órdenes de deportación estipulada después de una decisión del 9º Circuito de San Francisco que anuló su uso en ese caso en el 2010. Un ciudadano mexicano había firmado la forma, y la corte después encontró errores, incluyendo una traducción inadecuada proporcionada por los oficiales de inmigración. El tribunal dictaminó que el acusado no pudo haber renunciado conscientemente a su derecho de comparecer ante un juez.
“El caso hizo pensar a los jueces en el proceso de las órdenes de deportación estipuladas”, dijo Marks. “Simplemente no hay suficientes garantías”.
Melhman de la Federación por la Reforma Migratoria Estadounidense argumentó que el uso de las órdenes de deportación estipuladas es necesario para mantener los tribunales fluyentes. Él comparó órdenes estipuladas con acuerdos de declaración en procedimientos criminales. Los inmigrantes son “inteligentes”, dijo, y luchan por sus casos como estrategia para permanecer en el país legalmente.
“Al final, la gente que verdaderamente cree que tiene posición para estar aquí lo hará muy claro”, dijo Mehlman.
Pero Lisa Palumbo, la abogada supervisora del Grupo de Práctica de Derechos de Inmigrantes y Trabajadores en la Fundación de Asistencia Legal, señaló que la mayoría de inmigrantes simplemente no entienden la forma.
“La mayoría de las personas que firmaron [una orden de deportación estipulada] no entendían que equivalía a una orden de deportación”, dijo Palumbo. “Estos inmigrantes no reciben una investigación completa donde un abogado les puede explicar lo que significa.
Wong insistió en que su personal sigue los procedimientos de la agencia, proporcionando traductores a los inmigrantes cuando es necesario y explicando por completo las implicaciones legales de sus acciones. “Nos aseguramos de hacer esto en cada caso”, dijo. “Y eso es algo que tomamos muy en serio. No queremos violar los derechos de nadie dándoles algo que no entiendan”.
Pero Lichter de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración no está convencida. La orden de deportación estipulada “da la ilusión de que es justa al tener un proceso, un pedazo de papel y firmas”, dijo. “En realidad sólo es ilusión a menos que la gente entienda de manera significativa lo que está aceptando”.
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La noche del 6 de noviembre, el día de las elecciones, los resultados llegaron, y “los cambios demográficos” fue la frase de moda en todas las ondas radiofónicas. A medida que la noche avanzaba, se hizo evidente que el Presidente Barack Obama se llevaría la contienda presidencial, gracias al enorme crecimiento de votantes latinos en muchos de los estados más disputados.
En muy poco tiempo, la retórica sobre la reforma migratoria fue transformada en la capital de la nación. En un marcado contraste en su tono antes de las elecciones, los líderes Republicanos suavizaron su postura y se hicieron receptivos. Obama viajó a Nevada y anunció que la reforma era una de sus principales prioridades.
“Estoy aquí porque la mayoría de estadounidenses están de acuerdo en que es el momento de reparar un sistema que ha estado descompuesto por demasiado tiempo”, le dijo Obama a la audiencia en una secundarias de Las Vegas el pasado 29 de enero. “Ahora es el momento de hacer esto para que podamos fortalecer nuestra economía y fortalecer el futuro de nuestro país”.
Pero inclusive si la reforma ocurre, la mayoría de inmigrantes que han pasado por las deportaciones de vía rápida probablemente no verán ningún beneficio, dijo Fleming del Centro Nacional de Justica de Inmigrantes. “Todas estas personas están en peligro de no ser incluidas en esta reforma”, dijo. “La reforma es necesaria, pero no cubrirá todo el daño que se ha hecho en los 10 años de vigencia”.
Lichter dijo que la mayoría de políticos no se dan cuenta de que muchos inmigrantes indocumentados serían elegibles para obtener el estatus legal—si no hubieran tenido una deportación acelerada o alguna otra deportación de vía rápida en sus expedientes.
“Hay personas que podrían ser patrocinadas por algún familiar o empleador, pero simplemente no pueden porque tienen estas deportaciones [de vía rápida]”, dijo Litchter, quien dijo que ve muchos de esos casos en su despacho. “Ellos están aquí ilegalmente porque hay muchos obstáculos en el camino hacia la ciudadanía”.
Pero Joseph Daleiden, cofundador de la Coalición del Medio Oeste para Reducir la Inmigración, sintió poca simpatía.
Recompensar a las personas que entraron al país ilegalmente con la amnistía o cualquier otro tratamiento preferencial, dijo, es como meterse en la fila de gente que sigue las leyes.
“Personas de todas partes del mundo están esperando para venir aquí”, dijo Daleiden, economista retirado. Los inmigrantes indocumentados “están haciendo una farsa de todo el sistema”.
Cualquier medida de reforma debe incluir una exención o cualquier otra forma de alivio para los inmigrantes que han sido sujetos a las deportaciones por la vía rápida, dijo Fred Tsao, director de política de la Coalición Pro Derechos de Inmigrantes y Refugiados de Illinois.
Presionar exitosamente por tal cambio será difícil, pero la cuestión en realidad se trata de restaurar las familias que han sido desgarradas por estas deportaciones, dijo Tsao.
“En realidad estamos hablando de reparar el problema de la separación a largo plazo para estas familias”, dijo.
El Senador de EE.UU. Dick Durbin, Demócrata de Illinois que es parte del “Grupo de 8”—un grupo bipartidista de senadores que trabajan en un plano para la reforma migratoria, se negó a dar comentario para esta historia, citando negociaciones en curso.
Gutiérrez reconoció que la pesada aplicación ha dejado a muchos inmigrantes con deportaciones en sus historiales. La reforma migratoria debe incluir a los inmigrantes que tienen estos historiales, dijo.
“Tengo la esperanza de que algunos de aquellos que tienen órdenes de deportación, especialmente aquellos con familias en los EE.UU. puedan obtener alguna forma de alivio”, dijo en una declaración por escrito. “Pero es una batalla en la que aún estoy luchando”.
James Reddick ayudó en la investigación de este artículo.