Sentada en la Cárcel del Condado de DuPage, Leticia Morua lloraba incontrolablemente, sin poder responder a las preguntas durante la entrevista de imposición de cargos.
“Me sentí humillada,” dijo Morua. “Estaba aterrada pensando que nunca volvería a ver a mis hijos.”
El alguacil interino del Condado de DuPage que entrevistaba a Morua se cansó de esperar respuestas y comenzó a gritar, “No hay nada que puedas hacer. Eres una ilegal. ¿Por qué quieres estar aquí si no tienes papeles?”
“Seguía pensando en mis hijos,” ella dijo. “No pensé que los iba a volver a ver. Son tan pequeños e inocentes. ¿Qué iban a hacer sin su madre?”
Unas cuantas horas antes, justo antes de las 7 a.m. el 8 de marzo, de 2010, ella conducía hacia su trabajo cuando el alguacil interino la detuvo por conducir con un faro descompuesto cerca de Downers Grove. Al no tener licencia de manejo, Morua fue arrestada.
Morua, 37, pasó una noche en la cárcel antes de ser trasladada al centro de inmigración del Condado de Kenosha en Wisconsin. Ella no sabía dónde estaba. Estaba desorientada, deprimida y sin poder comunicarse con su esposo.
Miles de inmigrantes indocumentados con delitos menores, como el de Morua, han sido puestos en custodia del Servicio de Inmigración y Aduanas por las autoridades locales bajo un programa federal llamado Comunidades Seguras desde su lanzamiento en 2008. La iniciativa está diseñada para deportar a inmigrantes que cometen delitos, pero muchos han terminado en custodia de inmigración incluso cuando su arresto nuca llevó a un cargo o convicción, encontró el Chicago Reporter.
En Illinois, el 46 por ciento de las 3,023 personas que fueron puestas en custodia de inmigración bajo Comunidades Seguras entre 24 de noviembre de 2009, y 25 de julio de 2011, nunca recibieron cargos, o fueron acusadas de, los delitos por los cuales fueron arrestadas, muestra el análisis del Reporter de los registros del Departamento de Seguridad Nacional.
Otro 29 por ciento recibió cargos por un delito menor, el cual en muchos casos se originó de una violación de tránsito, como la de Morua, antes de ser puestos en custodia de inmigración, muestra el análisis.
Aproximadamente el 14 por ciento de aquellos puestos en custodia de inmigración habían cometido un “delito grave”—una categoría de ofensa castigada por un año o más de prisión—y 10 por ciento tenían tres o más delitos menores.
Los números contradicen la retórica de los oficiales del trato duro a los criminales que promociona al programa, dijo Fred Tsao, director de política de la Coalición Pro Derechos de Inmigrantes y Refugiados. “Uno de los grandes problemas que vemos es el hecho de que tantas personas que no tienen antecedentes penales o sólo antecedentes criminales menores estén siendo atrapadas,” dijo Tsao.
El programa también disminuye la confianza entre las agencias de autoridad locales y las comunidades inmigrantes al convertir cualquier encuentro con la policía en una potencial deportación, dijeron los críticos.
“Las noticias corren rápido en nuestra comunidad, especialmente cuando se trata de [las deportaciones] y lo que lo causó dijo Luis Gutierrez, director ejecutivo de Latinos Progresando. “Los inmigrantes comienzan a pensar, ‘¿por qué llamarle a la policía si la última vez que llamamos a la policía resultó en una deportación?’”
Gutierrez agregó que el programa también podría a instar a las autoridades a perfilar racialmente a los inmigrantes—o a las personas que parezcan o suenen extranjeras.
“El perfilismo racial es un gran problema fuera de Chicago en los suburbios,” él dijo. “Ahora, el detener a un inmigrante por manejar con un faro descompuesto podría resultar en deportación.”
Pero los oficiales de inmigración dijeron que Comunidades Seguras está cumpliendo exactamente su intención original: expulsar los inmigrantes que cometen delitos. Noventa y cuatro por ciento de los inmigrantes deportados a través del programa están entre la población de “prioridad” que el Departamento de Inmigración y Aduanas de los E.E.U.U. persigue, dijo Jon Gurule, director asistente del programa Comunidades Seguras.
“Si ves a estas personas, las llamadas no-criminales, ¿Cuántas de ellas fueron previamente expulsadas [del país]?” preguntó Gurule. “¿Cuántas de ellas son fugitivas?”
Nicole Navas, portavoz de la agencia de inmigración, agregó que el número de criminales serios deportados bajo Comunidades Seguras incrementará mientras el programa continúe.
“Con el paso del tiempo, el porcentaje de criminales serios, expulsados a través de Comunidades Seguras continuará incrementando, mientras que aquellos acusados de delitos menores disminuirá,” dijo Navas. “Esto refleja el hecho de que las personas que cometen más delitos graves cumplen mayores sentencias y consecuentemente tardan más en llegar a la custodia de [inmigración].
Pero los críticos dijeron que sus preocupaciones acerca del programa, el cual se espera que sea implementado a nivel nacional para 2013, sólo se intensificarán si continúan patrones similares de imposición.
“Si el programa se expande, podrías ver a más inmigrantes sin antecedentes penales ser puestos en procedimientos de deportación,” dijo Amalia Pallares, profesora asociada de ciencias políticas y estudios latinoamericanos y latinos de la Universidad de Illinois en Chicago. “Aún me preocupa que, inclusive con el orden administrativo y la discreción fiscal, los inmigrantes podrían ser deportados—el sistema está en su lugar, y las huellas digitales aún están siendo compartidas.”
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Autorizado por el Congreso en 2008, Comunidades Seguras ha sido adoptado por la administración del Presidente Obama como una de las piezas centrales de su política de inmigración. Su propósito intencional es “identificar y expulsar a los criminales peligrosos extranjeros que presentan una amenaza para la seguridad pública,” dijo Janet Napolitano, secretaria del Departamento de Seguridad Nacional de los E.E.U.U., un año después de que el programa fuera lanzado.
A nivel nacional, 1,595 jurisdicciones, incluyendo 26 de los 102 condados en Illinois, se registraron para el programa.
Bajo Comunidades Seguras, las huellas digitales de cualquier persona arrestada por las autoridades locales son enviadas al Buró Federal de Investigaciones, el cual luego comparte la información con el Sistema Automatizado de Identificación Biométrica del departamento de seguridad. El sistema cuenta con más de 124 millones de registros biométricos, incluyendo registros de criminales, violadores de la ley de inmigración, además de no ciudadanos que sólo han tenido interacciones legales con el gobierno federal—como solicitar visas y entrar legalmente al país.
Una vez que se han identificado a los violadores de la ley de inmigración, la agencia de inmigración puede enviar una “orden de detención” a las cárceles locales y tener hasta 48 horas para ponerlos en su custodia.
Navas dijo que el programa ha tenido numerosos logros. En octubre de 2010 por ejemplo, la policía de Naperville arrestó a un ciudadano mexicano por asalto sexual criminal depredador de un menor. Sus registros de huellas digitales revelaron que se le había expedido una orden de deportación en 2008 con una prohibición de cinco años de entrar al país.
Pero el análisis del Reporter muestra que el programa también ha llevado a la detención de miles de inmigrantes que no han recibido cargos, o han sido acusados de, ningún delito.
En Illinois, 3,023, personas fueron puestas en custodia de inmigración entre noviembre 24 de 2009, y 25 de julio de 2011, bajo Comunidades Seguras, pero 1,397 de ellas, o el 46 por ciento, nunca recibieron cargos, o fueron acusadas de, los delitos por los que fueron arrestadas.
A nivel nacional, más de 193,000 personas fueron puestas en custodia de inmigración entre octubre 24 de 2008, y 30 de junio de 2011, bajo Comunidades Seguras. Aproximadamente 64,000, o el 33 por ciento, de ellas nunca recibieron cargos, o fueron acusadas de, los delitos por los que fueron arrestadas.
Entre todos los estados, California tiene el número más alto de personas puestas en custodia de inmigración bajo Comunidades Seguras—aproximadamente 103,000. Aproximadamente un tercio de ellas nunca recibieron cargos, o fueron acusadas de, el delito por el cual fueron arrestadas, y otro 21 por ciento tenían un cargo por delito menor. Illinois ocupa el quinto lugar por su número de personas en custodia de inmigración, mientras que el número más bajo fue registrado en Montana, con 11 personas en custodia de inmigración.
Desde su inicio, el programa se ha encontrado con varios grados de resistencia de las comunidades locales. En Illinois, el Gobernador Pat Quinn escribió en su carta a los oficiales de inmigración del 4 de mayo que el estado no será parte del programa.
“Debido al conflicto entre el propósito declarado de Comunidades Seguras y la implementación del programa, [la policía del Estado de Illinois] ya no participará en el programa Comunidades Seguras,” escribió Quinn.
Massachusetts y Nueva York le siguieron al poco tiempo después.
Pero, en agosto, John Morton, director del Departamento de Inmigración y Aduanas de los E.E.U.U. anunció que el programa no requería la autorización de las comunidades locales, y que estará en completa función por todo el país para 2013.
Anna Law, profesora adjunta de la Universidad DePaul y experta en leyes de inmigración, dijo que es probable que la disputa termine en los tribunales. “Los estados están profundamente molestos porque están enfrentando el costo [de ejecución] de las leyes de inmigración, y el gobierno federal no los está ayudando,” ella dijo.
Respondiendo al criticismo, la administración Obama anunció en junio que revisaría 300,000 casos de deportación pendientes y usaría su “discreción fiscal” para temporalmente suspender las deportaciones en los casos de “baja prioridad.”
Law dijo que se supone que el anuncio “suavizaría el golpe de los duros efectos” de Comunidades Seguras, pero deja demasiados desconocidos.
El gobierno federal está “ahora diciéndole a las oficinas locales que revisen estos casos y suspendan las expulsiones. Suena como una gran idea, pero la implementación ha sido terrible,” ella dijo. “¿Quién está haciendo las investigaciones?” Muchos de estos expedientes son archivos en papel. “¿Quién los va a revisar? Los inmigrantes están a la merced del gobierno.”
Mony Ruiz-Velasco, directora de servicios legales del Centro Nacional de Justicia Inmigrante con sede en Chicago, dijo que ha encontrado algunos casos clasificados como de “baja prioridad” pero aún están siendo perseguidos por los oficiales de inmigración.
“El juez fue muy comprensivo,” dijo Ruiz-Velazco acerca de un caso de un inmigrante indocumentado que no tenía antecedentes penales. “Pero el abogado [de inmigración] dijo que no iban a ejercer la discreción fiscal.”
Navas no estaba de acuerdo. Ella dijo que la agencia de inmigración siempre ha usado la discreción fiscal para poder mejor utilizar los limitados recursos de la agencia.
La agencia de inmigración “ha publicado una guía para [sus] fuerzas del orden y abogados en cuanto a su autoridad para ejercer la discreción cuando sea debido,” dijo Navas en una declaración por escrito. “La directiva claramente declara que la práctica de la discreción es inapropiada en casos que impliquen amenazas a la seguridad pública, a la seguridad nacional y a otras prioridades de la agencia.”
Esta guía también dirige la práctica de la discreción fiscal para garantizar que las víctimas y los testigos de crímenes sean debidamente protegidos.”
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Un reciente martes por la tarde, Zane Seipler, un alguacil interino del Condado de McHenry, condujo su camioneta Nissan Pathfinder negra para dar una especie de inusual recorrido. En lugar de sitios históricos, sus lugares de interés aparentemente fueron ordinarios—desde un salón de belleza latino en Crystal Lake hasta un complejo mayormente latino de departamentos en McHenry.
Todos los lugares, dijo Seipler, fueron los sitios principales donde sus compañeros de trabajo solían detener a conductores latinos. “Éste es un condado tranquilo,” él dijo. “La manera más fácil de conseguir un arresto es encontrar a alguien sin licencia de manejo.”
Y la manera más rápida de encontrar a personas sin licencia de manejo, dijo Seipler, es dirigiéndose a los conductores latinos. Algunos asistentes siguen a los conductores latinos y buscan el número de placas en una base de datos buscando dos cosas: apellidos latinos e información de la licencia de manejo, él dijo.
“Para mí, eso es sólo trabajo policiaco cómodo, pero te hace parecer como que hiciste algo,” él dijo.
El Alguacil del Condado de McHenry Keith Nygre dijo que sus asistentes no hacen cumplir las leyes de inmigración, pero el conducir sin una licencia de manejo válida es un delito en Illinois. Y negó acusaciones de perfilismo racial.
“No arrestamos a nadie por ser ilegal,” él dijo. “Siempre hay una probable causa” por cada arresto.
Seipler, que trabajó como asistente del Condado de McHenry por cuatro años, piensa de otra manera. Él comenzó a cuestionar el patrón de arrestos del departamento cuando notó que un grupo de asistentes continuaban arrestando a personas sin licencia de manejo, compensando los arrestos diarios—algo que él no creía posible si no fuese por el perfilismo racial.
Seipler fue despedido en 2008 por, según la oficina del alguacil, violar las normas y reglamentos. Seipler dijo que fue despedido porque habló en contra del perfilismo racial e interpuso una demanda argumentando despido injustificado. En septiembre un juez del tribunal de apelaciones le ordenó a la oficina del alguacil que reintegrara a Seipler.
Seipler no se sorprendió al oír eso, según los análisis del Reporter de los registros de la cárcel, el 74 por ciento de los presos de la cárcel para los cuales se emitieron órdenes de detención entre enero de 2010 y julio de 2011 terminaron en las instalaciones por violaciones menores de tránsito—incluyendo el uso indebido de carriles, no obedecer un alto y conducir a alta velocidad.
En cinco condados de Illinois, incluyendo McHenry, 200 o más presos fueron puestos en custodia de inmigración entre 24 de noviembre de 2009 y 25 de julio 2011. Entre los cinco condados, el Condado de DuPage tuvo el número más alto de peronas—976 en total—transferidas a la custodia de inmigración. El Condado de McHenry, sin embargo, ha transferido a 222 presos a la custodia de inmigración, y el 58 por ciento—el índice más alto entre los cinco—nunca recibieron cargos, o fueron acusados de los delitos por los cuales fueron arrestados.
Los residentes del Complejo Departamental Garden Quarter en McHenry parecían estar conscientes de cómo estos números se manifiestan en su vecindario.
Un residente indocumentado, que pidió no ser identificado por el temor a ser deportado, dijo que con frecuencia siente miedo de la policía cuando conduce al trabajo. Él describió cómo una oficial de la policía conduce alrededor de su complejo departamental o se estaciona afuera esperando a conductores latinos.
“Dejamos de salir. Vamos a trabajar y a comprar la despensa de regreso [del trabajo], pero eso es todo,” él dijo. “Tratamos de manejar lo menos posible.”
Tsao de la Coalición Pro Derechos de Inmigrantes y Refugiados se mostró escéptico de que la administración Obama, la cual se comprometió a abordar el problema asignando a la Oficina de Derecho Civiles para investigar las denuncias de perfilismo racial, pueda responder a los problemas. “La verdadera pregunta es si van a poder manejarlo,” dijo Tsao. “Es una oficina de 100 personas. Y sólo es tanto lo que la oficina puede hacer.”
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En agosto, cientos de personas se reunieron en el Salón de la Hermandad Internacional de Electricistas, en el centro de Chicago, para una audiencia pública conducida por la recién nombrada Fuerza Especial sobre Comunidades Seguras del departamento de seguridad nacional, la cual fue formada para abordar las cuestiones planteadas por los críticos.
Mientras Becca Sharp, la directora ejecutiva del Consejo Asesor de Seguridad Nacional, un cuerpo creado bajo el departamento de seguridad nacional, inició la reunión aclarando que ninguno de los miembros de la fuerza especial trabajaba para el departamento.
“No somos empleados federales,” Sharp dijo a la multitud. “Esta es la mejor oportunidad que la comunidad tiene de ser escuchada. He pasado 17 años de mi vida defendiendo los derechos de los inmigrantes.”
Pero los asistentes no prestaron atención al anuncio de Sharp. La multitud demandaba la renuncia de los miembros de la fuerza especial. Y sólo después de unos cuantos oradores, Alaa Mukahhal, una miembro de la Liga de Justica de Jóvenes Inmigrantes, un grupo de jóvenes activistas con base en Chicago, pidió a los asistentes que abandonaran la reunión pública en forma de protesta—imitando a los activistas de inmigración de Los Ángeles durante una reunión similar el día anterior.
Más de la mitad de los asistentes se salieron. Siete estudiantes luego bloquearon una porción de la Calle Washington por aproximadamente 20 minutos y después bloquearon la salida de la autopista I-94. Los estudiantes fueron arrestados, cada uno recibió cargos por desorden público y obstrucción de tráfico.
Dentro de la sala de audiencia, inmigrantes enfrentando la deportación compartieron sus historias con la esperanza de persuadir a los oficiales de inmigración para que les permitieran permanecer en el país.
Arturo Venegas Jr., un miembro de la fuerza especial, escuchó cuidadosamente cada historia. Venegas, que es fundador de la Iniciativa de Compromiso del Cumplimiento de la Ley con sede en California, una organización para las que las agencias del orden público comiencen un diálogo sobre la inmigración, ha viajado por todo el país para la audiencia.
Venegas, ex jefe del Departamento de Policía de Sacramento, dijo que él entendía por qué los defensores de los inmigrantes querían mostrar su desaprobación del programa Comunidades Seguras al abandonar la sala. Su meta es ayudar al gobierno federal para que retome el objetivo original del programa, el cual era deportar a los criminales.
Si la agencia de inmigración “sólo se enfocara en [deportar] a los criminales serios, este programa no tendría problemas,” él dijo.
La policía no debería hacer cumplir las leyes de inmigración, agregó Vargas. “No creo que por y la gran autoridad en este país se quiera involucrar en el cumplimiento de la inmigración, y tiene que haber un poco de claridad,” él dijo. “Está afectando el trabajo policiaco en la comunidad y está afectando las relaciones no sólo con la policía pero con muchas otras agencias. Eso no es bueno para la comunidad, y no es bueno para el país.”
En septiembre, la fuerza especial dio a conocer una lista de sus recomendaciones, incluyendo una que pide que el programa no sea usado para detener a inmigrantes que fueron arrestados por violaciones menores de tránsito. La agencia de inmigración “no debe emitir órdenes de detención o iniciar procedimientos de expulsión en personas identificadas a través de Comunidades Seguras basados en arrestos por violaciones menores de tránsito,” decía la recomendación.
Pero las recomendaciones no llegaron muy lejos, según Venegas y otros cuatro miembros de la fuerza especial que renunciaron en protesta. Para Venegas, las recomendaciones hubieran garantizado que las deportaciones no serían puestas en marcha para todas las ofensas menores, incluyendo violaciones de tránsito, según su carta de renuncia.
Para Morua, la inmigrante del Condado de DuPage, la manera en que la agencia de inmigración adopte las recomendaciones de la fuerza especial podría ser decisiva en su caso contra la deportación.
Seguido de su arresto en marzo, Morua pasó 22 días de confusión mental mientras estaba en el Centro de detención de Wisconsin. Ella no podía dormir y fue consumida por pensamientos de sus hijos y de su esposo. Cuando hablaba con sus hijos por teléfono, se hacía su estancia en la detención insoportable, ella dijo.
“Mis hijos me preguntaban, ‘¿Dónde estás, mami?, ¿Es cierto que estás en la cárcel?’” ella dijo. “Yo sólo les decía que estaba en el trabajo. Ellos me decían, ‘Mami, queremos estar contigo’. Yo lloraba cada vez.”
Gloria Nájera, la abogada de Morua, hizo petición para una audiencia de fianza, pero se tomó más de dos semanas n llevar el caso frente a un juez de inmigración. El juez concedió una fianza de $1,500.
El 16 de junio de 2010, se declaró culpable de manejar sin licencia. Ella pagó $100 y le dieron un año de libertad condicional.
Pero el caso de deportación de Morua está aún pendiente. Nájera dijo que hizo una petición para cancelar el procedimiento de deportación porque le causaría dificultades extremas a su familia.
Morua se mudó a Bolingbrook en 1998 con su esposo, Alfredo, debido a la falta de oportunidades económicas en su nativo Zacatecas, México.
Un año después de mudarse al Condado de DuPage, ella tuvo a su primer hijo. Ella ahora tiene tres hijos y quiere permanecer en el país para proveerles una educación y un mejor futuro, ella dijo.
“Ella ha estado en el país por más de 10 años y es una persona de buen carácter moral,” dijo Nájera. “Ella tiene hijos que son ciudadanos estadounidenses y sufriría dificultades extremas si tuvieran que mudarse.”
Alfredo está de acuerdo. “Vinimos aquí para proveer un mejor futuro para nuestros hijos,” él dijo. “Respetamos las leyes aquí. Nuestro único delito fue cruzar la frontera ilegalmente.”
Crystal Vance Guerra colaboró en la investigación de este artículo.
—Translated by Monica Reynoso